La Jornada de Oriente dio a conocer que comportándose como el principal legislador, el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas ha realizado en cinco años modificaciones a la Constitución de Puebla y a las leyes secundarias, que sólo van en detrimento de la sociedad y a favor de sus intereses políticos particulares, aseveró el abogado Samuel Porras Rugerio.
El litigante participó ayer al primer Informe Ciudadano sobre la gestión morenovallista, al que también acudieron representantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre y el periodista, Ernesto Aroche Aguilar.
Porras Rugerio se encargó de hacer una explicación pormenorizada de cómo el actual titular del Poder Ejecutivo ha transgredido el Estado de Derecho en la entidad, haciendo promulgar leyes que van en contra del interés social y sólo benefician sus objetivos políticos culturales.
En representación del Comité acudieron ayer Carolina González Barraco y Aranza Vargas, quienes presentaron un análisis de le persecución, represión y encarcelamiento de los disidentes en este sexenio.
Dijeron que a un lustro de que Rafael Moreno Valle Rosas asumió el poder y poco más de dos años para que se realicen las elecciones a fin de elegir al siguiente presidente de la República, “en Puebla ha predominado una postura intolerante, insensible y lesiva hacia los ciudadanos que han manifestado oposición o crítica hacia las acciones impuestas por el mandatario estatal”, advirtió el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla.
También estuvo presente Tonatiuh Sarabia, hijo del líder fundador de la UPVA Rubén Sarabia Sánchez, uno de los presos políticos del morenovallismo, quien entrevista habló sobre la situación legal de su madre, Rita Amador, quien también es perseguida política del morenovallismo.
Ernesto Aroche Aguilar, director del portal de noticias Lado B y colaborador de esta casa editorial, quien rindió un informe detallado sobre la grave situación de inseguridad y violencia que padece la entidad.
El acto se realizó en el Parque del 68, ubicado en las inmediaciones del bulevar Xonaca, en la capital poblana y acudieron miembros de las organizaciones, activistas, académicos y ciudadanos.
Leyes nocivas
El Informe Ciudadano de este domingo inició al filo de las 12 horas con la presentación del trío Son del Maíz, que se dijo solidario con las causas y movimientos sociales, amén de decir que ellos tienen claro quién es Rafael Moreno Valle Rosas: “Se trata de esos cabrones que solo llegan al poder para enriquecerse y para abusar”.
En seguida dio inicio la presentación a cargo de Armando Domínguez Márquez, integrante de la Brigada del 68, quien explicó el propósito del ejercicio cívico –dar a conocer la verdad sobre lo que sucede en Puebla para contrastar el V Informe de Gobierno que el próximo viernes rendirá Moreno Valle– y también dio a conocer la dinámica.
En su turno al micrófono, Samuel Porras Rugerio se refirió a las modificaciones legales que como primer y casi único legislador ha ordenado Rafael Moreno Valle Rosas, quien solo ha utilizado al Poder Legislativo como una instancia de trámite.
Mencionó que el titular del Poder Ejecutivo lo mismo ha mandado a modificar la Constitución que las normativas secundarias y mencionó algunas de las enmiendas que más daño han causado a la sociedad poblana como la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, mejor conocida como la Ley Bala, que faculta a los elementos de la fuerza pública a disparar a discreción contra manifestantes; la ley de Expropiaciones, que en los hechos deja en total indefensión a las personas cuyos bienes sean enajenados en aras de proyectos privados o públicos, amén de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, que permitió la privatización del recurso.
Presos
A continuación, Aranza Vargas y Carolina González Barranco dieron lectura al informe del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión en Puebla, destacando que hay un registro en la entidad de 17 personas presas, 148 procesados y más de 81 órdenes de aprehensión libradas contra opositores, disidentes o críticos del gobernador.
“Respecto al número de presos ha de sumarse un caso más; un hombre nonagenario, Delfino Flores Melga, quien murió en prisión. Asimismo, el procesado, Antonio Víctor Montes Contreras, poblador de la comunidad de Chalchihuapan, falleció meses después de haber sido liberado, refiriendo sus familiares que las secuelas físicas y emocionales fueron un factor determinante en su deceso y el caso de Enedina Rosas Vélez, quien demostró su total inocencia, quedando libre de todo cargo”, abundaron.
Resaltaron que “las acusaciones han oscilado desde lo absurdo como es el robo de celulares hasta cargos graves como al conspiración, tráfico de estupefacientes, obstrucción a la vía pública o motín, por los que los implicados pueden alcanzar hasta 60 años de prisión. Así, los recursos jurídicos se manejan a modo para fabricar o deshacer expedientes según convenga al caso referido, incurriendo en un sinnúmero de violaciones al debido proceso, sin señalar la nula validez de los derechos humanos”.
Agregaron que “en no pocos momentos el gobierno estatal ha terminado con la seguridad económica, la estabilidad familiar, la salud física y en el peor de los casos la vida” de sus perseguidos y encarcelados.
Tras dar a conocer una lista pormenorizada de presos, perseguidos y procesados políticos, advirtieron: “es incuestionable que todos los señalados han sufrido embates económicos, bien sea por resguardar su libertad lejos de sus hogares, los amparos o por el pago de las fianzas, que oscilan de los 10 mil hasta el medio millón de pesos, representando mayor vulnerabilidad a la economía de madres solteras, hombres y mujeres con trabajos temporales, campesinos e indígena”.
Por otra parte, abundaron, “es claro que predomina una política que promueve el desarraigo forzado a la tierra, a los bienes comunales y al patrimonio individual y cultural, hecho que las comunidades siguen resintiendo, como ha ocurrido en la Sierra Norte a través de la obstrucción a los proyectos mineros, la fractura hidráulica y la instalación de termoeléctricas. La oposición en la zona aledaña al volcán Popocatépetl a la instalación de ductos que transportarán gas metano, pasando por una zona de riesgo volcánica; aquellos que luchan por la defensa de sus predios, caso emblemático el del señor Delfino Flores, cuya defensa de un predio en particular lo condujera a la muerte y que hoy en día se encuentra a la venta y el caso de Cholula, que permanece en pie de lucha, evitando la construcción de un parque temático y un estacionamiento en la zona arqueológica”.
Aseveraron que “El trasfondo de estos hechos refleja una clara política de exterminio a través de la degradación del medioambiente y, por tanto, de los recursos que de ella se obtienen, siendo el único sustento de vida de indígenas y campesinos y, por otro, una cerrazón absurda ante investigaciones científicas que demuestran el peligro de colocar un gasoducto en un volcán activo. Además, hay un claro desconocimiento del pasado histórico que impide valorar tanto el patrimonio tangible como el intangible”.