Cada año, los ajustes fiscales y salariales reflejan el estado de la economía nacional. Para 2026, la entrada en vigor de nuevos impuestos a productos y servicios de consumo cotidiano, junto con el aumento al salario mínimo, ha reavivado el debate sobre si estos cambios son suficientes para enfrentar el encarecimiento de la vida en México.
El Paquete Económico 2026 contempla modificaciones fiscales que impactan directamente en bienes y servicios ampliamente utilizados por la población. Entre ellos se encuentran refrescos, sueros, cigarros, gasolinas, importaciones, casas de apuestas, plataformas digitales de venta y accesos a museos y zonas arqueológicas administradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Estas medidas generaron expectativas y preocupación por su posible efecto en los precios y en la economía familiar.
Frente a este escenario, el Dr. Miguel Calderón Chelius, coordinador del Observatorio de Salarios y académico del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla, explicó que el aumento al salario mínimo registrado en los últimos años —y particularmente el aprobado en diciembre pasado— ha sido superior a la inflación, lo que se traduce en un crecimiento real del ingreso para quienes perciben este salario.
De acuerdo con el especialista, este incremento permite compensar el aumento acumulado de precios durante el año e incluso absorber los ajustes habituales de inicio de año, conocidos como la “cuesta de enero”.
En este periodo, señaló, confluyen alzas generalizadas en bienes básicos, como alimentos, así como incrementos en tarifas e impuestos del sector público, además de una menor disponibilidad de recursos tras los gastos de fin de año.
Respecto a los nuevos impuestos, el Dr. Calderón Chelius distinguió entre dos tipos de incrementos. Por un lado, los ajustes inflacionarios habituales, cuyo objetivo es mantener el valor real de tarifas, multas e impuestos, sin representar un impacto significativo en términos reales para la población. Por otro, los nuevos impuestos impulsados por el Gobierno federal, cuyo efecto recaudatorio es limitado y que buscan regular actividades específicas.
En este último grupo se encuentran los gravámenes aplicados a viajes y servicios en aeropuertos y puertos, orientados a mejorar la infraestructura y la atención a usuarios y visitantes, así como los impuestos a productos como refrescos y tabaco. Estos últimos, conocidos como impuestos a la salud, tienen como finalidad desincentivar su consumo. En el caso de los refrescos, el académico subrayó que, aunque el impacto en la economía familiar es relevante debido a su alto consumo en el país, el objetivo central de la medida es reducir su ingesta.
Finalmente, el especialista advirtió que, si bien el aumento al salario mínimo permite enfrentar los incrementos actuales de precios e impuestos, este beneficio no se extiende de la misma manera al resto de los salarios. Los ingresos generales no han crecido al mismo ritmo, por lo que, mientras quienes perciben el salario mínimo experimentan una mejora real, una parte importante de la población asalariada continúa enfrentando presiones en su poder adquisitivo.
