Por: Angélica Ruiz
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la impugnación contra la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya que solo iba firmada por 13 diputados y se requería el apoyo de al menos 14.
El desechamiento se realizó el 17 de julio, pero apenas el lunes se emitió la notificación y este martes la dio a conocer el propio mandatario de Morena al responder una pregunta sobre el tema.
Al revisar las notificaciones de la SCJN se constató su dicho, pues ahí se señala que el rechazo de la demanda fue por “notoria improcedencia”.
“Se desecha de plano por notoriamente improcedente, la acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del estado de Puebla. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene a los promoventes designando representante común, autorizada y delegados, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido”, sentencia la resolución.
La demanda tenía el número de expediente 131/2020 y exigía invalidar toda la Ley de Educación aprobada el 15 de mayo por la mayoría de Juntos Haremos Historia, pues se acusaban diversas violaciones a la Constitución del país.
El desechamiento era previsible para los promoventes por la falta de una firma, pues el artículo 105 constitucional exige las firmas del 33 por ciento de una legislatura local para interponer una acción de inconstitucionalidad, así que en Puebla esto equivale al aval de 14 de los 41 diputados.
Los 13 legisladores que firmaron la demanda son: Javier Casique Zárate, Rocío García Olmedo, Josefina García Hernández y Nibardo Hernández Sánchez, por el PRI; Mónica Rodríguez Della Vecchia, Oswaldo Jiménez López, Nancy Jiménez Morales y Raúl Espinosa Martínez, por el PAN; Carlos Morales Álvarez y Guadalupe Esquitín Lastiri, por Movimiento Ciudadano (MC); Uruviel González Vieyra, el único diputado de Compromiso por Puebla (CPP); José Juan Espinosa Torres (del PT) y el diputado sin partido Héctor Alonso Granados.
Al principio también ofrecieron su firma los perredistas Liliana Luna Aguirre y Armando García Avendaño, pero por diferencias en las negociaciones con el PAN negaron su aval.
