Por: Miguel Mata
El Congreso de Puebla aprobó que la Auditoría Superior de Estado (ASE) entregue los informes de las cuentas públicas 2016 y 2017 del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
José Juan Espinosa Torres, coordinador del Partido del Trabajo, aseveró que la revisión por segunda ocasión de los ejercicios financieros del panista permitirá conocer el monto real de la deuda pública que dejó al estado al contratar Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), para edificar el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional Barroco y las plataformas de Audi.
El petista enfatizó que la decisión de conocer los estados financieros de Moreno Valle pondrá en evidencia que el panista incumplió con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera que en abril de 2016 promulgó el presidente Enrique Peña Nieto.
“Se pasaron por el arco del triunfo la Ley de Disciplina Financiera que promulgó Enrique Peña en abril de 2016, la cual garantiza que a partir del mes de abril de 2016cualquier municipio, cualquier estado tenía que documentar la deuda pública incluyendo los fideicomisos y los contratos de prestación de servicios público-privados (…) vamos a documentar la infinidad de socavones financieros hechos por Rafael Moreno Valle en complicidad con Antonio Gali”.
Espinosa Torres sostuvo que al obtener la información financiera del último año de gobierno de Moreno Valle se conocerá con exactitud el tamaño de los pasivos del estado, los cuales a decir el petista ascenderían a 100 mil millones de pesos.
Contrario a lo que señaló Espinosa Torres, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez consideró que la propuesta de Morena, Encuentro Social y PT tenía visos de “venganza política” y de ser una “artimaña” que se frenaría a través de la promoción de un amparo.
El legislador de Movimiento Ciudadano aseguró que Moreno Valle no puede ser juzgado dos veces por sus cuentas públicas, las cuales fueron aprobadas por la LIX Legislatura, ya que existía un fallo a favor del panista.
Pese a lo que señaló Morales Álvarez, la diputada morenista María del Carmen Cabrera Camacho sostuvo que el representante de Movimiento Ciudadano estaba en un error, ya que la revisión de los ejercicios presupuestales no implica la emisión de una sentencia.
