En un hecho histórico para México, 881 ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), electos por voto popular, rindieron protesta ante el Senado de la República. Con ello, inicia una nueva etapa para la vida institucional del país, tras la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024 durante las fiestas patrias por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En este contexto, el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, advirtió sobre los retos que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El académico destacó que la legitimidad de la Corte dependerá de las decisiones que tome en temas cruciales como la prisión preventiva oficiosa, el cumplimiento de tratados internacionales, la política de ciencia y tecnología y el papel de las universidades privadas en ese marco.
Asimismo, resaltó la relevancia del control constitucional de reformas recientes, como las que modificaron los contrapesos del tribunal. “Está por definirse si la Suprema Corte puede o no revisar cambios de gran calado como la reforma judicial, la relacionada con prisión preventiva o la que toca la supremacía constitucional”, puntualizó.
Ante este panorama, Hernández León hizo un llamado a las y los nuevos ministros para garantizar la independencia judicial. Subrayó que, pese a haber sido electos en un proceso marcado por afinidades políticas, sus resoluciones deben sustentarse en la Constitución, la defensa de los derechos humanos y el límite al abuso del poder.
Finalmente, recordó que la función esencial de la Suprema Corte en un Estado democrático es ser un contrapeso frente a los demás poderes, más allá de agendas partidistas.