Ante el aumento de casos de despojo inmobiliario en la entidad, el Gobierno de Puebla envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma legislativa para endurecer las sanciones contra este delito, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.
El funcionario señaló que este tipo de actos delictivos afectan principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y comunidades indígenas, por lo que se busca fortalecer el marco legal para su protección.
La iniciativa contempla un incremento en las penas de prisión, que pasarían de 6 a 12 años, así como multas que oscilarían entre 100 y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS). Además, se propone agravar las sanciones para quienes financien o sean autores intelectuales del despojo inmobiliario, con penas de 7 a 15 años de cárcel y multas de entre mil y 3 mil UMAS.
García Parra explicó que la reforma tiene como objetivo frenar la comercialización ilegal de tierras, la lotificación y la especulación inmobiliaria derivadas del despojo de bienes inmuebles, prácticas en las que, en algunos casos, participan de manera dolosa notarios públicos. En estos supuestos, las penas se incrementarían hasta en una tercera parte cuando el delito tenga fines lucrativos.
Asimismo, las sanciones se agravarían cuando se utilicen documentos falsos, se inscriban actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o exista participación dolosa de notarios para facilitar o encubrir el delito. “Tenemos que cerrarle el paso a la corrupción. Ahora está en manos de las y los diputados. Desde luego que ellos analizarán y harán lo que corresponda”, afirmó el coordinador de Gabinete.
Con esta propuesta, el Gobierno de Puebla busca proteger el patrimonio de la ciudadanía, fortalecer la legalidad y garantizar los derechos de los sectores más vulnerables, además de reforzar las herramientas jurídicas para combatir el despojo inmobiliario en la entidad.
