La IBERO Puebla manifestó su rechazo al anuncio de un acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como a la propuesta de una reforma constitucional para tal efecto.
La intención del acuerdo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, atenta contra la vigencia de los derechos humanos en México al violar el orden constitucional y convencional, e invadir las facultades del Congreso de la Unión.
Dicho rechazo por parte de la Ibero esta respaldado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón.
A través de un comunicado mencionaron que la propuesta de un acuerdo presidencial e incluso de una iniciativa de reforma constitucional para tal efecto, evidencia el incumplimiento del Estado mexicano con sus obligaciones internacionales.
Instamos al Ejecutivo federal a apostar por la revisión y el rediseño de la estrategia de seguridad de carácter integral desde un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana, y trazar una ruta para el retiro de las fuerzas armadas de estas funciones. pic.twitter.com/J1mEirlLRQ
— IBERO Puebla (@IberoPuebla) August 11, 2022
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado como regla general, que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles y que, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
“Recordamos que la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional estableció el plazo de cinco años para la salida de las fuerzas armadas de estas labores al ser una actividad extraordinaria y subordinada al mando civil”.
Por ello el texto constitucional, en su artículo 21, a la letra enfatizó: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional…”.
“Por lo tanto, instamos al Ejecutivo federal a apostar por la revisión y el rediseño de la estrategia de seguridad de carácter integral desde un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana, y trazar una ruta para el retiro de las fuerzas armadas de estas funciones, garantizando la participación de las víctimas y de sociedad civil en su construcción”, finalizó.
