Académicos del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la IBERO Puebla y de la Universidad de Edimburgo llevan tres años sumando esfuerzos para ofrecer un diagnóstico integral de los efectos de la contaminación en la cuenca del Alto Atoyac.

Un primer corte de los hallazgos fue presentado en un conversatorio junto con un llamado a la búsqueda de soluciones colectivas.

El grupo de trabajo ha comenzado a hacer frente al concepto de resiliencia ambiental, uno que juzgan como perpetrador de prácticas injustas. En su lugar, se propone transitar a espacios que permitan transformar los sistemas de gobernanza y negociación entre el Estado y las poblaciones involucradas.

Para lograrlo, el IIMA propone partir desde la acción colectiva, la participación y la coproducción. “Hemos tratado de implementas iniciativas en las que se piensa en procesos en los que los individuos que forman parte de una organización transforman la relación con sus bienes y servicios”, explicó Soledad García, investigadora de la Universidad de Edimburgo. El eje transversal, sumó, es el diálogo de saberes.

El estudio se llevó a cabo mediante una serie de entrevistas vía telefónica a cuatro perfiles de personas vinculadas con la cuenca: pobladores, servidores públicos, organizaciones civiles y empresas. Los participantes fueron habitantes y trabajadores de localidades de San Andrés Cholula, Juan C. Bonilla y Puebla (La Resurrección, Valle Paraíso y Azumiatla). De Tlaxcala se contactó a personas de Españita, Tepetitla y Nativitas.

En su diálogo con empresas, María Eugenia Ibarrarán, académica del IIMA, encontró que la cantidad y calidad del agua no son consideradas un problema; también señalan que el precio es justo y existe infraestructura suficiente. Al mismo tiempo, estas perciben que no hay estímulos para el uso de aguas tratadas ni interés en invertir en protección de ecosistemas.

Por su parte, gobiernos (estatal y locales) y operadores de agua (públicos y privados) mostraron su preocupación por la falta de agua en la cuenca. Consideran que la calidad es raquítica porque no existe un saneamiento adecuado de las descargas.

“Si la cantidad baja y no reutilizamos el agua porque no se trata, estamos en un problema muy serio”, advirtió Ibarrarán.

Valentina Campos, directora del IIMA, encontró que las comunidades que se encuentran en zonas rurales presentan menos escases que en las zonas periurbanas o urbanas; en esta última reportan falta de infraestructura y distribución desigual.

La percepción de la calidad del agua también varía dependiendo de la disponibilidad de pozos y la cercanía a los cuerpos de agua.

En lo que sí concuerdan es en el cobro: todas las comunidades consideran que el acceso al agua debe ser gratuito, aunque también admiten que se deben establecer cuotas para el mantenimiento de infraestructura. “Hay una desorganización que impacta en el abasto de cantidad y en tiempo”.

Los pobladores destacan los esfuerzos locales para regular los procesos de contaminación, identificar las fuentes de emisión y eliminarlas, así como para restaurar espacios erosionados.

“Hay una identificación muy clara de que hay cambios en la precipitación, en la temperatura… Eso es resultado de la acción humana”, agregó Campos.

Una de estas actividades es la agricultura: los sembradíos ocupan el 24% de toda el agua subterránea que se extrae anualmente.

Los agricultores mencionan que se ha reducido la accesibilidad al agua en pozos. A ello se suman el cambio en las precipitaciones y los periodos de sequía, factores que han complicado los procesos de siembra.

Finalmente, Romeo Saldaña, académico del IIMA, constató que las organizaciones civiles han encontrado cambios significativos en disponibilidad y calidad del agua con base en la zona: en las ciudades se percibe agua contaminada y con malos olores, mientras que a las comunidades rurales les impacta en el precio de los productos agrícolas. Reportan además la existencia de un bajo suministro de agua e irregularidades en su distribución, lo que provoca conflictos internos.

Un proceso de gobernanza efectiva requiere que todos los actores sociales sean reconocidos y que sus consideraciones sean incluidas en la toma de decisiones. “Es fundamental generar y acceder a la información de manera abierta y permanente”.

El equipo del IIMA llamó a poner el bien común como fin último para resolver las brechas de gobernanza.