Puebla tiene 241 presos, perseguidos y procesados políticos de los 800 que hay en México, lo cual lo convierte en el estado con mayor número de acosados y encarcelados en todo el país por sus ideas, actividades de lucha social y defensa de los derechos humanos; seguido por Oaxaca, con 80 ciudadanos que padecen esa misma situación.
Lo anterior fue denunciado el pasado fin de semana durante el Primer Encuentro Nacional del Comité de Organizaciones, Familiares y Amigos en Lucha por la Libertad de los Presos Políticos, que se celebró en el mercado Hidalgo y al cual acudieron representantes de 43 organizaciones sociales de todo el país.
El foro es un derivado de la Asamblea Nacional Popular del pasado 9 de mayo, celebrada en la Escuela Normar Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en la que se constituyó el Comité Nacional por los Presos Políticos.
Uno de los acuerdos tomados durante el viernes y sábado –en el que hubo talleres, balances y una plenaria– es la realización de un movimiento nacional para exigir la libertad de esos 800 presos, perseguidos y procesados y la realización de la segunda marcha nacional el próximo 19 de agosto, pues la primera se verificó en la capital poblana el 8 de agosto, como punto final del encuentro.
Tonatiuh Sarabia, hijo de Rubén Sarabia Sánchez, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, dijo que la cantidad de presos podría aumentar porque los 800 de los que se habla en este momento corresponden a un listado preliminar.
A nombre del Comité Nacional para la Libertad de los Presos Políticos, Yolanda Barranco anunció que también se buscará el apoyo de organismos internacionales para que intervengan ante las autoridades mexicanas, pues muchos de los casos de las personas que están encarceladas injustamente cuentan con resoluciones a su favor de parte de instancias como la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional.
La mayor parte de los presos políticos están tras las rejas por haber defendido el derecho al trabajo, el medio ambiente, el patrimonio cultural, los derechos humanos o por oponerse a proyectos y decisiones gubernamentales, pero los delitos que se les fincaron son inventados, aseveró Daniel Hernández, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, durante la rueda de prensa que cerró el foro celebrado durante el viernes y el sábado pasado en las instalaciones del mercado Hidalgo.
Participaron en el encuentro Elia Tamayo, madre del niño asesinado por la Policía Estatal de Puebla, José Alberto Tehuatlie Tamayo; Giovani Torres Salgado, sobrino de Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá; las esposas de los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero: Oliveria García, Inés Castro, Aurelia García, Minerva Donasiano, Margarita García Agustina de Jesús, además de indígenas zapotecas de Ayutla, entre otros.
Asimismo, hubo representantes del Frente Popular Francisco Villa, de la tribu Yaqui, que se oponen al Acueducto Independencia y exigen la libertad de los presos políticos Mario Luna y Fernando Jiménez. También asistieron los hermanos Antonio y Héctor Cerezo, entre otros, enviados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Barra Libre de Abogados Democráticos (BLADP).
Durante el encuentro hubo talleres y foros en los que se evidenció que los gobiernos federal, estatales y municipal están recurriendo al encarcelamiento por motivos políticos frente a la imposición de megaproyectos que despojan a los pueblos de sus recursos o bien, para tratar de frenar movimientos de reivindicación social.
El caso poblano
Los 241poblanos han sido encarcelados, perseguidos o sometidos a juicio con acusaciones falsas durante el actual sexenio, que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas, precisó Miguel Ángel Rosas Bourguess, del Comité para la Libertad de los Presos y el Cese a la Represión Social en Puebla.
Rosas Bourgues es padre de Carlos Arafat Rosas Burguess Villegas, uno de los siete estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla que fueron detenidos injustamente, acusados sin pruebas, de haber atentado contra instalaciones de la Red Urbana de Transporte Articulado, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional Electoral.
Otras víctimas del morenovallismo también hicieron acto de presencia en el Primer Encuentro Nacional del Comité de Organizaciones, Familiares y Amigos en Lucha por la Libertad de los Presos Políticos, como Miguel Guerra Castillo, líder del Consejo Democrático Magisterial Poblano, quien fue preso político por protestar contra la prueba ENLACE.
Uno de los momentos más intensos del acto ocurrió cuando Elia Tamayo Montes tomó el micrófono para dar su mensaje. Se hizo un silencio amplio para escuchar a la madre que perdió a su hijo a manos de la policía de Moreno Valle; sin embargo, tuvo que ser auxiliada por Araceli Bautista, madre de otro preso político, Jairo Javier Montes Bautista, el edil auxiliar de Chalchihuapan.
Se habló de los casos de represión a mototaxistas, a luchadores sociales o personas que han sido encarceladas solo por protestar.
Así, han ido a parar a un reclusorio mujeres como Juana Macuitl Coyotl y su hija Ángela Macuitl, quienes por el sólo hecho de haber participado en una manifestación para exigir que la Red Urbana de Transporte Articulado permitiera el pago del servicio con monedas y no en la modalidad de tarjeta, como está establecido, fueron sometidas en junio del año pasado a juicio con el delito inventado de portación de armas, por lo que tuvieron que pagar una fianza de 480 mil pesos para obtener su libertad, lo cual las dejó endeudas de por vida.
También han sido encarcelados los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa, La Resurrección y San Bernardino Chalchihuapan, Raúl Pérez Velázquez, Leonardo Sabino Baez Serrano y Jairo Javier Montes Bautista respectivamente, por reclamar para sus pueblos la devolución del registro civil.
Uno de los casos más conocidos es el del abogado Adán Xicale Huitlé y su hijo de apenas 24 años Paul Xicale Coyópol, a quienes se les encarceló por defender la zona arqueológica de Cholula de un proyecto urbanizador llamado el parque de las siete culturas, impulsado por Moreno Valle.
Al final del foro se desarrolló una marcha por las principales calles del Centro Histórico, en la que participaron más de 4 mil personas.
El Segundo Encuentro Nacional por los Presos Políticos se desarrollará en diciembre en Oaxaca, según acordaron las organizaciones participantes.
