En caso de no demostrar que cuentan con los permisos correspondientes por una instancia autorizada, la vivienda de los padres del presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, podría ser demolida por infringir la normativa de una zona federal protegida, de restricción total.
El encargado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la supervisión de los trabajos en las inmediaciones de la Gran Pirámide, Arnulfo Allende Carrera, explicó que después de que el arqueólogo Reynaldo Lemus Nieto interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del edil por daño al patrimonio, ésta tendrá que investigar las condiciones en las que se dio la edificación de la vivienda.
El primer paso que debe seguir la autoridad ministerial, detalló, es solicitar al propietario que compruebe quién le expidió el permiso para llevar a cabo la construcción; una vez ocurrido ello, se deberá fincar responsabilidad a la instancia o persona que otorgó la licencia de manera irregular.
La vivienda ubicada en el número 1009 de la calle 3 Norte, se asienta en la Zona Federal Protegida del Polígono 1, donde existe una restricción total para construir y donde solo se permiten obras de jardinería, cultivos de plantas cortas y similares.
“Si todo el inmueble está dentro de la zona protegida, del polígono declarado, entonces cualquier acción legal impacta la propiedad completa”, dijo Allende Carrera e insistió que la demolición es la última instancia en el proceso por afectación al patrimonio arqueológico.
Mientras ello ocurre, se llevan a cabo trabajos de remodelación de las bardas perimetrales del inmueble, así como se alcanza a ver que al interior, la fachada de la vivienda y las estructuras han sido modernizadas.
El documento de la denuncia fue revelado en primera instancia por el portal de noticias ladobe.com.mx y en una entrevista posterior al Lanzamiento de la imagen de la medalla del Maratón Internacional Puebla 2015, Paisano aclaró que no tiene una notificación judicial aún para comparecer sobre el tema, pero sostuvo que en caso que se le requiera acudirá.
“Sabemos muy bien que esa zona de la pirámide si tiene una restricción, pero nosotros ahí nacimos, las familias que desde hace más de 50, 60 años vivimos ahí, pues como dice en términos de Derecho: primero en tiempo, primero en derecho, no tenemos ningún problema, se han hecho algunas adecuaciones pero nada que contravenga al tema de la restricción que tenemos”, sostuvo.
Allende Carrera apuntó que todas las obras sin autorización del INAH y que han afectado al patrimonio arqueológico que incluso han destruido algunos contextos se hicieron muchos años antes de 2014, cuando se inició la revisión.
El caso Telmex
El especialista recordó que otra de las afectaciones graves que se detectaron en la zona tras los trabajos de exploración fue la introducción subterránea de cable para fibra óptica de Teléfonos de México sobre la calle 14 Poniente.
Explicó que ahí no existe una denuncia judicial sino que dentro de los trabajos de supervisión de logró detectar que no existe ningún permiso del instituto para la introducción de las estructuras de concreto y que sí dañaron partes fundamentales del patrimonio.
