Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla impartió el curso Ética y valores en el servicio público el cual tuvo como objetivo sensibilizar a funcionarios del gobierno del Estado de Veracruz sobre las consecuencias que tiene para la sociedad y la gobernabilidad la expansión de la corrupción política. Este seminario estuvo organizado por el Instituto de Administración Pública veracruzano.
El catedrático de la IBERO Puebla señaló que este espacio sirvió para identificar aspectos de la coyuntura sociopolítica del país que podrían agudizar tanto la violencia como el conflicto social que facilitarán las condiciones para el estado fallido en México. “El trabajo de los servidores públicos consistió en analizar e identificar aquéllos aspectos de su trabajo cotidiano que pudieran fortalecer no sólo el Estado de Derecho sino construir una ética pública que reduzca la desconfianza y la incredulidad de los ciudadanos hacia las instituciones públicas”, manifestó.
Una de las conclusiones del curso fue: “Los regímenes que no respetan los derechos humanos, al menos en su dimensión civil –derecho a la vida, a la libertad de movimientos, a la seguridad, etc.- y políticos –derecho a asociarse políticamente, a votar, a expresarse libremente, etc.- son regímenes carentes de legitimidad moral”. Y por ello carecen de legalidad política.
El politólogo de la IBERO Puebla también comentó que un régimen sin legitimidad política alienta el conflicto y la venganza privada de los ciudadanos. Ante este escenario los servidores públicos se comprometieron a hacer todo lo que esté a su alcance para recuperar al Estado y por ende, la generación de bienes públicos.
Los más de 60 servidores públicos que asistieron a este taller provenían de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la oficina del Gobernador del Estado, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del Sistema de Información Administrativa, del Instituto Veracruzano de la Vivienda, de la Oficina del Secretario de Seguridad Pública, del Instituto de Pensiones, del Fideicomiso Fondo del Futuro y del ISSSTE.
También participaron funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Administración del Hospital General de Perote, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Gobierno, de la Contraloría General, del Ayuntamiento de Xalapa, de la Fiscalía General, del Órgano de Fiscalización Superior, de la Secretaría de Educación, del Colegio de Estudios, Científicos y Tecnológicos, de la Contraloría de Veracruz Puerto, de la Dirección General de Atención a Migrantes y del Congreso del Estado.