En pleno proceso electoral, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas presentó una iniciativa al Congreso local que propone corregir de manera parcial la decisión que tomó de retirar el servicio del registro civil a las juntas auxiliares, una de las medidas de este sexenio que más inconformidad social provocó en el estado.
El proyecto sugiere facultar a los ediles auxiliares a “coadyuvar con las autoridades del registro del estado civil”, pero los responsabiliza penal y administrativamente por cualquier falta en la prestación del servicio como falsear información, acto que se convertirá en un delito grave cuando sea aprobada la reforma por el Poder Legislativo.
Además, la iniciativa no considera ninguna modificación en cuanto al cobro de ese servicio, que corresponde actualmente a los jueces del registro civil, dependientes de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
El retiro del registro civil fue en 2013
El registro civil se retiró de las juntas auxiliares en noviembre de 2013 por una reforma que impulsó la bancada del PAN en el Congreso, partido al que pertenece el titular del Poder Ejecutivo en el estado y que trabaja de manera coordinada con él desde el inicio de su gestión en 2011.
Las 611 juntas auxiliares del estado resintieron la determinación desde que se puso en marcha en 2014, ya que se retiró a los ediles de esas comunidades la atribución para actuar como jueces del registro civil, cortándoles con esto esa vía de recaudación de recursos. A partir de entonces, la Secretaría General de Gobierno (SGG) designa a los jueces.
Miles de pobladores inconformes de todo el estado marcharon en la capital para exigir el regreso del servicio del registro civil a sus comunidades. También hubo protestas en el interior del estado, en municipios como Tehuacán y San Bernardino Chalchihuapan.
El gobierno desactivó el movimiento con el encarcelamiento de algunos de los ediles auxiliares que participaron en las concentraciones; sin embargo, la inconformidad perdura hasta la fecha, de acuerdo con el Comité Directivo Estatal del PRI, el cual incorporó la devolución del registro civil a sus propuestas de campaña para esta elección.
Acción penal
La iniciativa de reforma de Moreno Valle propone modificar diversos articulados de la Ley Orgánica Municipal, el Código Penal del estado y Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social.
En la Ley Orgánica Municipal se sugiere facultar a los ediles auxiliares y presidentes municipales a “coadyuvar con las autoridades del registro del estado civil”. En el caso de los primeros se determina que “serán responsables penal y administrativamente por las faltas en las que incurran en la prestación de este servicio”.
En ese mismo ánimo, la iniciativa sugiere incorporar la fracción II bis al artículo 253 del Código Penal del estado, para establecer que “cualquier autoridad en ejercicio de funciones del registro del estado civil de las personas que expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o dé fe de lo que no consta en registros o documentos”.
La reforma al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el estado, en su artículo 69, tiene como finalidad clasificar ese delito como “grave”, por lo que las personas que sean acusadas del mismo no tendrán la posibilidad de salir de prisión bajo fianza.
Fuente: La Jornada de Oriente